BOLETÍN SEMANAL NO. 09

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Guatemala, Agosto de 2017. La Oficina de Responsabilidad Profesional –ORP- de la Dirección General de Migración realizó dos (2) visitas durante la semana comprendida del 28 de agosto al 1 de septiembre al Centro de Emisión de Pasaportes para atender y darle seguimiento a las denuncias que se han recibido por el cobro ilegal que realizan los tramitadores en este lugar.

Durante los días mencionados se operaron seiscientos catorce (614) arraigos en el sistema, se desarraigaron a ciento un (101) personas, se extendieron doscientas noventa y cinco certificaciones de carencia de arraigo, cuatrocientas dos (402) personas consultaron su situación migratoria, de las cuales catorce (15) fueron arraigadas al momento de realizar la consulta.

En el Centro de Recepción de Retornados ubicado en la Fuerza Aérea Guatemalteca se recibieron a seiscientas cuarenta y tres (643) personas retornadas de Estados Unidos, de las cuales seiscientos uno (601) eran hombres, treinta y siete (37) mujeres, dos (2) niños y tres (3) niñas; a quienes se les brindó la asistencia correspondiente.

Como parte del procedimiento para la Protección y Determinación del Estatuto de Refugiado, se renovaron dieciséis (16) permisos de permanencia temporal y tres (3) permisos nuevos (renovables) a favor de los solicitantes del Estatuto de Refugiado en el país, en tanto la Comisión Nacional para Refugiados emita la resolución definitiva.

Es importante destacar que con la intención de agilizar los trámites migratorios judiciales, reducir costos y eficientar el tiempo. El Organismo Judicial y la Dirección General de Migración con el apoyo de la cooperación internacional, propusieron crear un sistema seguro que permitiera compartir información en tiempo real entre ambas instituciones, tomando como modelo procesos diligenciales electrónicos similares que ya se implementan en otras dependencias. La primera fase de este proceso finalizó esta semana y fue presentado a las autoridades competentes.

La Dirección General de Migración reitera su compromiso de continuar trabajando en favor de los migrantes y garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales, a través de una gestión transparente, comprometida y apegada a la ley.

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