Guatemala, Agosto de 2017. En la semana comprendida del 14 al 18 de agosto, se renovaron dieciocho (18) permisos de permanencia temporal a favor de los solicitantes del Estatuto de Refugiado en el país.

La Dirección General de Migración, a través de la Oficina de Relaciones Migratorias Internacionales -ORMI-, participó en un taller para intercambiar experiencias en la implementación de los protocolos de la Secretaría de Bienestar Social, Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente.

Durante los días mencionados ingresaron al país cuatro (4) vuelos con personas retornadas de Estados Unidos, a quienes se les recibió en el Centro de Recepción de Retornados ubicado en la Fuerza Aérea Guatemalteca –FAG-, de los cuales quinientos cincuenta y tres (553) eran hombres, cuarenta y nueve (49) mujeres y cuatro (4) niños, en total retornaron seiscientos seis (606) guatemaltecos.

En el albergue ubicado en la 35 ave. 23-61 de la zona 5, Colonia Vivibien, se atendieron a 17 personas de nacionalidades de Eritrea, Congo y Camerún. Actualmente permanece en el albergue una persona de origen sirio a la espera de solventar su situación migratoria.

El lunes 14 de agosto se realizaron las coordinaciones correspondientes con la Policía Nacional Civil y Migración de El Salvador para la expulsión de José Roberto Sánchez a El Salvador, capturado por el delito de posesión y tenencia en territorio guatemalteco.

El pasado 17 de agosto, el Director General, Carlos Emilio Morales y el Director Adjunto, Marco Vinicio Hernández, realizaron un recorrido en el Centro de Recepción de Retornados ubicado en la FAG, en compañía de representantes de ICE (agencia investigativa más grande en Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos), con el objetivo de observar y evaluar los protocolos que se implementan en la recepción de personas retornadas para posteriormente fortalecerlos y mejorar la atención.

La Dirección General de Migración reitera su compromiso de continuar trabajando en favor de los migrantes y garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales, a través de una gestión transparente, comprometida y apegada a la ley.